¿Qué debería poder
hacer el gobierno?

Toda filosofía política ofrece una respuesta diferente. Algunas limitan al gobierno a la policía, los tribunales y la defensa nacional, mientras que otras también incluyen la educación, la salud, las jubilaciones, la infraestructura, la política monetaria o la investigación científica. El desacuerdo es fácil de observar, pero resulta considerablemente más difícil encontrar el principio capaz de decidir entre esas listas contrapuestas

Antes de determinar qué debería hacer el gobierno, se necesita un criterio previo que permita evaluar por qué una función determinada debería pertenecer al ámbito de la autoridad política. Sin ese criterio, todo límite propuesto corre el riesgo de convertirse en una colección de preferencias en lugar de constituir una restricción consistente sobre el poder

Los defensores de un gobierno limitado suelen identificar un pequeño grupo de funciones que deberían permanecer bajo control estatal, pero la propia selección requiere una explicación. ¿Por qué la policía, pero no la salud; la defensa nacional, pero no las jubilaciones; los tribunales, pero no la investigación científica? El hecho de que una actividad sea valiosa, difícil o socialmente importante no demuestra que deba proporcionarse mediante la coerción

Un límite significativo debe explicar por qué una función reúne las condiciones necesarias para convertirse en una excepción, mientras otra permanece dentro de la esfera de la cooperación voluntaria. La tarea difícil no consiste en elaborar una lista más corta o más extensa, sino en identificar un criterio capaz de juzgar toda función propuesta bajo el mismo estándar

El debate político se concentra en políticas, instituciones y resultados, mientras dedica menos atención al principio que determina qué poderes puede poseer el gobierno. Un límite basado únicamente en la tradición, la preferencia política o una lista fija de funciones conocidas se vuelve difícil de defender cuando aparecen nuevos problemas, tecnologías y demandas

Un principio limitante duradero debe aplicarse con independencia de quién gobierne, del objetivo que se persiga o de lo atractivo que resulte el desenlace prometido. También debe impedir que la existencia de un problema social se convierta en una autorización automática para la intervención política

Todo gobierno depende en última instancia de la coerción, porque las leyes, los impuestos y las regulaciones continúan siendo obligatorios incluso para quienes los rechazan. Las elecciones, los resultados beneficiosos y las buenas intenciones pueden influir en la forma en que se percibe el poder político, pero no convierten una decisión impuesta en una decisión voluntaria ni eliminan su costo moral

La Tolerancia Mínima no supone que la coerción se vuelva moralmente legítima bajo circunstancias favorables. Examina si ciertas condiciones prácticas excepcionales pueden hacer tolerable una forma limitada de coerción como último recurso, preservando al mismo tiempo la presunción de que la cooperación voluntaria continúa siendo la regla

El Estado suele ser tratado como una institución moralmente excepcional cuya autoridad se deriva de las elecciones, las constituciones, el consentimiento colectivo o los beneficios que produce. Ninguno de esos argumentos elimina el hecho subyacente de que las instituciones políticas están compuestas por personas que imponen decisiones sobre otras personas que quizá nunca hayan aceptado su autoridad

La Teoría de la Tolerancia Mínima distingue la legitimidad de la tolerabilidad. La coerción estatal no se vuelve moral por el simple hecho de ser útil, popular o administrada mediante instituciones conocidas. A lo sumo, una necesidad práctica excepcional puede justificar la tolerancia de una respuesta institucional limitada sin concederle una legitimidad moral intrínseca

Si toda imperfección, beneficio social o resultado deseable resulta suficiente para justificar la intervención, ningún límite significativo sobre el gobierno puede sobrevivir. Si toda posible excepción se rechaza de antemano, ciertos problemas colectivos pueden permanecer sin una solución voluntaria estable. Una teoría seria debe enfrentar ambos riesgos sin tratar ninguna de las dos conclusiones como evidente por sí misma

La Teoría de la Tolerancia Mínima desarrolla una prueba formal para distinguir las dificultades ordinarias de aquellos casos excepcionales en los que la provisión voluntaria enfrenta un colapso estructural persistente. La carga de la prueba permanece del lado del poder, y superar la prueba inicial permite examinar una excepción en lugar de presumir su legitimidad