¿Qué debería permitirse
al Estado?

Porque la coerción obliga a quien no consintió. Los beneficios, la equidad o los buenos resultados pueden importar, pero restringir la libertad exige justificación

Quien pretende imponerla. La libertad es el punto de partida; la carga de la prueba pertenece al poder

No. El Estado reclama autoridad coercitiva sobre quienes no la han consentido

Las leyes y las elecciones pueden regular ese poder; no convierten la coerción en consentimiento

No. Los buenos resultados importan, pero los beneficios sociales esperados no crean por sí solos un derecho a obligar a otros

De lo contrario, casi cualquier intromisión podría defenderse prometiendo beneficios suficientes

No. Las elecciones determinan quién ejerce el poder y bajo qué reglas; no convierten decisiones obligatorias en consentimiento individual

El apoyo mayoritario otorga autorización política, no legitimidad moral

Sí, en un sentido normativo. La tributación, la jurisdicción obligatoria y la imposición de decisiones serían coercitivas si una asociación privada las ejerciera sin consentimiento

La autorización legal no resuelve su estatus moral

Ninguna función queda exenta de antemano. Defensa, justicia, educación, salud y las demás deben evaluarse por separado

La pregunta es si la coerción resulta necesaria para esa función

No, no como institución. Un organismo público puede ejecutar bien una tarea concreta

El Estado sigue sujeto a límites estructurales de información, cálculo, incentivos, competencia, posibilidad de salida y corrección de errores que la gestión no puede eliminar

No. Ni la importancia ni la urgencia demuestran que la provisión obligatoria sea necesaria

El valor del fin y los medios usados para alcanzarlo son cuestiones distintas

No. Las diferencias económicas no son injustas por sí mismas

Pueden surgir del trabajo, las decisiones, la suerte, la herencia, los privilegios, el fraude o la agresión. Cuando hay una violación de derechos, ese es el problema, no el resultado desigual

No. La pobreza puede exigir ayuda urgente, pero la necesidad por sí sola no otorga autoridad para obligar a terceros a prestar o financiar asistencia

No. La no exclusión y la no rivalidad describen un bien, no quién debe proveerlo

Samuelson formalizó el consumo colectivo; esa clasificación no establece por sí sola una función estatal

No. Beneficiarse sin pagar no demuestra que la provisión voluntaria vaya a colapsar

El free riding importa cuando el mismo problema de incentivos hace fracasar de forma persistente arreglos materialmente distintos

Cuando arreglos materialmente distintos colapsan repetidamente porque la misma estructura de incentivos impide una provisión estable

Un proveedor fallido, una insuficiencia temporal o la ausencia actual de alternativas no bastan

No. Que hoy no exista una opción voluntaria no demuestra que la provisión coercitiva sea necesaria

El monopolio, la regulación, los subsidios o la provisión estatal previa pueden haber impedido su aparición

No. El monopolio, la información imperfecta, la concentración, los problemas de coordinación o la provisión insuficiente pueden revelar fallas del mercado

No demuestran que la intervención estatal sea necesaria ni superior

No automáticamente. Las externalidades positivas no crean un derecho a obligar a otros a pagar

Las negativas pueden implicar daño; entonces importan los derechos, la responsabilidad y la compensación, no una licencia general para intervenir

No. Contratos, empresas, clubes, asociaciones, seguros, organizaciones benéficas y normas pueden coordinar muchas tareas colectivas sin autoridad coercitiva

El fracaso de un arreglo o cierta provisión insuficiente no prueban necesidad coercitiva

En The Limits of Government, Schmidtz sostiene que los bienes públicos y los free riders no establecen automáticamente autoridad estatal y muestra que pueden funcionar arreglos voluntarios

Tolerancia Mínima agrega una condición más estricta: solo puede considerarse coerción tras un colapso persistente en arreglos voluntarios materialmente distintos

No por sí sola. El keynesianismo ofrece razones para la estabilización fiscal o monetaria durante las recesiones

Aunque esas políticas mejoren resultados, su eficacia no resuelve si se justifican el financiamiento o el control obligatorios

Sí, bajo ciertas condiciones. Sus principios pueden respaldarla cuando las instituciones respetan libertades iguales, oportunidades justas y mejoran la posición de los menos aventajados

Tolerancia Mínima pregunta si esos fines también justifican la coerción

Asignación, distribución y estabilización

Musgrave clasifica grandes funciones de las finanzas públicas; esa clasificación no demuestra que alguna requiera provisión o financiamiento obligatorios

Sí, excepcionalmente. Tolerancia Mínima rechaza que la coerción sea moralmente legítima, pero tolera una función cuando su necesidad está establecida y no queda una alternativa voluntaria viable

Hayek destaca el conocimiento disperso, el orden espontáneo, las reglas generales y el Estado de derecho

Tolerancia Mínima plantea una pregunta anterior: qué funciones, si alguna, pueden quedar bajo autoridad coercitiva

Buchanan se centra en las reglas constitucionales de la decisión colectiva y el papel del acuerdo

Tolerancia Mínima pregunta si una función puede asignarse coercitivamente antes de elegir su diseño institucional

Sí. Rothbard rechaza la provisión estatal obligatoria y considera ilegítima la coerción sin importar quién la ejerza

Tolerancia Mínima comparte ese punto de partida, pero admite una tolerancia excepcional cuando se establece la necesidad

El minarquismo trata defensa, policía y tribunales como el núcleo legítimo de un Estado mínimo

Tolerancia Mínima no les concede una excepción automática; cada función debe superar el mismo examen

En Anarquía, Estado y Utopía, Nozick sostiene que un Estado mínimo puede surgir sin violar derechos y ser, por tanto, legítimo

Tolerancia Mínima rechaza esa conclusión: un menor alcance no cambia el estatus moral de la autoridad coercitiva

No existe un árbitro perfectamente neutral. Las decisiones son tomadas por instituciones y personas sujetas a errores, incentivos e intereses propios

Por eso, cualquier criterio destinado a limitar el poder debe reconocer también los límites de quienes lo interpretan y aplican

No. Que una intervención haya podido justificarse en un momento determinado no demuestra que siga siendo necesaria indefinidamente

Si cambian las circunstancias o aparecen alternativas voluntarias capaces de cumplir la misma función, su continuidad debe volver a justificarse. La carga de la prueba permanece del lado del poder